Para Contar
Arturo Zárate Vite
El
proceso penal estaba cerrado, la resolución a favor había quedado firme, dos
resoluciones de inocencia, la que los abogados llaman primigenia, del Juzgado Primero
de procesos penales en la Ciudad de México y la confirmación del Quinto
Tribunal Unitario, sin que la contraparte hubiera apelado o inconformado, a
pesar de que fue notificada personalmente.
Cosa
juzgada.
No
apeló en el plazo establecido y mucho menos se pronunció en contra de los
juzgadores, no pidió que los lincharan o fueran despedidos, nada que pusiera en
duda la imparcialidad del juez ni magistrada. Cero escándalos, en contraste con
lo que ocurre regularmente.
Juez
y magistrada, por supuesto habían juzgado con perspectiva de género. Ninguno, a
riesgo de perder su trabajo o algo peor, hubiera ignorado dicho criterio.
Tan
estaba concluido el caso que la fianza depositada por el acusado en un primer
momento, para poder recuperar la libertad y dar la batalla legal en estas
condiciones, le fue devuelta de inmediato.
¿Qué
pasó? ¿Por qué se reabrió el caso? ¿Sorprendieron la buena fe de las
autoridades?
Algo
raro había sucedido, no se había respetado el principio de definitividad y a
destiempo el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal admitió un juicio de
amparo, un documento carente de argumentos válidos, simple “machote” para
justificar lo injustificable. Ahí está el documento en el expediente para quien
lo ponga en duda.
El
mismo tribunal colegiado, tres meses antes de admitir dicho recurso, por
unanimidad había aprobado el criterio de que no era posible aceptar
inconformidad cuando el proceso fuera cosa juzgada, sobre todo porque la
apelación no se hubiera hecho en el tiempo establecido para ello.
Al
tribunal no le importó su propio criterio, ni respetar el principio de definitividad
ni reabrir proceso concluido. Lo reabrió con el pretexto de que se tenía que
juzgar con perspectiva de género, como si los anteriores juzgadores, los que
resolvieron inocencia, lo hubieran ignorado. El hecho es que se reabrió y
revirtió el proceso contra el periodista.
¿Qué
pasó? ¿Hubo mano negra? ¿Acción indebida? ¿Presiones?
De
acuerdo con investigación periodística, fue presionado el magistrado Jorge
Fermín Rivera, ponente del caso y presidente del Séptimo Tribunal Colegiado.
Cedió a cambio de que lo “ayudaran” a jubilarse.
Había
sido sorprendida la buena fe del ombudsman Luis González Placencia y mandó a
una de sus funcionarias (la tercera visitadora que semanas después
discretamente dejaría la CNDH) a realizar gestiones en el tribunal para que se
reabriera el caso.
En
los días posteriores el magistrado Jorge Fermín Rivera concluyó su etapa como
magistrado, logró su jubilación.
La
parte afectada por casualidades del destino se topó con el ombudsman en una
funeraria de Félix Cuevas. Le reclamó lo que había hecho. El funcionario no
encontró palabras para explicar lo ocurrido. Raúl Hernández, quien entonces
laboraba en el área de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, fue testigo del acto.
El
proceso se significa por graves contradicciones, historias aberrantes. Cada vez
que declaraba la parte acusadora alteraba y magnificaba sus declaraciones, como
cuando afirmó que la pulsera de plástico se la prestó a su compañero y que la
rompió de manera accidental. Luego cambió la versión para asegurar que se
rompió producto de forcejeo entre ambos.
Llegó
a dar tres versiones distintas sobre las partes de la pierna que había sido
tocada y la autoridad las aceptó como si fueran iguales. Hay relatos de
imposible realización, admitidos sin ninguna prueba y ocurridos en lugares
públicos como el restaurante Sanborns. Las circunstancias de modo, tiempo y
lugar, nunca se cumplieron en los dichos.
El
colmo es que el juzgador llegó a considerar el beso en la mejilla como abuso
sexual; estuvo a punto de sentar precedente mundial, porque se trata de una
costumbre ancestral que todavía se practica en muchos países.
Son
actos que valoró el Séptimo Tribunal Colegiado del que eran integrantes los
magistrados Jorge Fermín Rivera (jubilado) y Lilia Mónica López Benítez, ahora
consejera.
Hay
un efecto corruptor en todo el proceso penal y por eso la petición para que el
caso sea atraído y revisado por la Corte.
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