ROMPECABEZAS
Por ABEL LUNA ESPINOSA
NUEVAMENTE, EL PODER del Consumidor demanda mayor rigor a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que se evitado, a lo máximo, el consumo de alimentos procesados, sobre todo frituras, papas, entre otros, que son vendidas en las escuelas.
Además porque de ninguna manera puede olvidarse que la publicidad de estos productos llegan a los pequeños consumidores por diversos medios, la escuela, el hogar, los espacios públicos, e inclusive en las llamadas redes sociales.
Frente a la realidad de la pandemia la industria alimentaria hay hecho más vulnerables a los pequeños, quienes ahora han permanecido más tiempo en casa y en ello tampoco las autoridades educativas han logrado mayores resultados.
Por ejemplo, señala una investigación de la mencionada asociación, no han asegurado una plataforma digital exclusiva y oficial para evitar que los estudiantes de secundaria y bachillerato, sean más expuestos a mayores prácticas publicitarias.
Por enésima ocasión se ratifica que esos alimentos carecen de valores nutricionales adecuados para el sano desarrollo de niños y jóvenes, contribuyendo al deterioro de sus hábitos de alimentación e incremento de enfermedades.
El Poder del Consumidor, encabezado por el doctor Alejandro Calvillo, ha convocado durante años a diversos grupos de especialistas para hacer análisis de este tipo de productos y han observado reiteradamente la correlación directa entre enfermos de diabetes y obesidad y el consumo habitual de estos productos.
En ese sentido se recomienda que los medios digitales, además de la SEP, garanticen el derecho a la salud y la alimentación de menores de edad y de estudiantes.
Seguramente usted habrá visto cómo hay madres desinformadas que vierten refresco en el biberón de sus pequeños, o niños que piden determinada marca de cereal en su desayuno o cena.
Entre las conclusiones de este estudios se recomienda; la prohibición de campañas publicitarias dirigidas a los infantes por medio de cualquier contenido oficial educativo, sin importar la plataforma digital y privado que lo replique.
Además, garantizar el acceso y contenido educativo en plataformas digitales oficiales de Aprende en Casa para educación secundaria y bachillerato; asegurar impartir contenidos y transmitir mensajes que fomenten hábitos de vida saludable.
También se recomienda la incorporación de más
contenidos en materia de derechos de la infancia a la información, así como las
afectaciones del consumismo y la publicidad en la sociedad.
LA REALIDAD DE
los llamados usos y costumbres de determinados pueblos de nuestro país en
cuanto a la “venta” de niñas vulnera sus derechos humanos, su integridad
femenina.
En ese sentido, la senadora Verónica Martínez García,
propuso que se solicite a los tres niveles de gobierno aumentar las medidas de
prevención, combate y erradicación de este tipo de prácticas, que garanticen
seguridad y protección a
Las niñas y jovencitas.
En su punto de acuerdo que enlistó en la Gaceta de
la Comisión Permanente, la senadora del PRI recordó que el país tiene disposiciones
legales protectoras de los menores de edad, pero aun así en diversas
comunidades indígenas y algunas zonas urbanas se siguen dando estas prácticas.
La legisladora explicó que en esas zonas los hombres
acostumbran el pagar por niñas a partir de los 9 años de edad, desde 20 mil
hasta 200 mil pesos, incluso, “a veces los arreglos suelen ser por cerveza o
por cabezas de ganado”.
Martínez García expuso que, en condiciones de
desigualdad y pobreza extrema, la venta de niñas se vuelve una necesidad que se
ha normalizado, al grado que nadie denuncia. Incluso, “algunas madres o padres
de familia esperan la edad propicia para efectuar el canje por alguna cantidad
de dinero”, expresó.
“Cuando una menor es vendida, pierde su libertad y
no puede hacer nada. Generalmente son golpeadas y castigadas, haciéndoles creer
que al ser de su propiedad no valen nada”, reitera la senadora.
INTEGRANTES
DEL GRUPO Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional demandan a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, ordene la realización inmediata de un diagnóstico general de las
condiciones en que se encuentran las instalaciones del Sistema de Transporte
Colectivo (Metro) con el objetivo de evitarse más accidentes en ese medio que
utilizan miles de personas.
Esa responsabilidad es clara y
debe manifestarse ante la ciudadanía, dijeron las legisladoras Dulce María
Sauri Riancho, Claudia Pastor Badilla y Mariana Rodríguez Mier y Terán,
programe con urgencia los trabajos que sean necesarios para contar con un
servicio seguro y de calidad.
“La ciudadanía requiere conocer con toda precisión la situación en que se encuentra, cuáles problemas estructurales presenta, qué mejoras deben realizarse y qué acciones deben tomarse de forma inmediata para evitar otra tragedia como la sucedida en la estación Olivos”.
Es por ello que también exhortaron al gobierno capitalino, para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, se destine el presupuesto suficiente y urgente, a fin de ejecutar las mejoras y trabajos de mantenimiento.
También exigieron que a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinden respuestas de manera prioritaria e integral a las víctimas de los hechos ocurridos la noche en del 3 de mayo y a sus familiares, brindándoles las medidas que requieran, de conformidad con lo previsto en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México y de la Ley General de Víctimas.
Ahora que la pregunta salta de inmediato:
¿Sheinbaum tomará en cuenta estas recomendaciones, dejando atrás los colores
partidistas o las aspiraciones políticas?
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