PUNTOS
NEURÁLGICOS DEL PODER JUDICIAL
PARA
CONTAR
POR
ARTURO ZÁRATE VITE
El tema no es cómo se elige a
jueces y magistrados, ahí no está el problema. Pueden ser elegidos por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el poder legislativo o por el voto
de la sociedad. Al final daría lo mismo, porque la forma en que fueran elegidos
no es lo que garantizaría su imparcialidad.
Ricardo Monreal quiere que no
sea la misma persona la que ocupe la presidencia de la Corte y la presidencia
del Consejo de la Judicatura Federal, con el argumento de que la impartición de
justicia no debe estar ligada a lo administrativo donde se maneja lo
presupuestario.
Por sus efectos, porque le
pegan a la gente, hay dos puntos que también deben considerarse: el papel de
juez y parte de la Judicatura que explican magros resultados de la vigilancia
sobre resoluciones de juzgadores y el hecho indiscutible de que humanamente es
imposible que quien presida la Corte pueda cumplir al cien en la presidencia de
la judicatura. Son tantos los casos que no puede revisar como quisiera todos
los documentos que le dan a firmar.
Senadores y diputados, antes
de legislar, deberían ocuparse más en investigar lo que sucede en el poder
judicial y tomar nota de lo que de verdad hace falta para que prevalezca la
justicia en nuestro país.
Meterse más en los recovecos
de la impartición de justicia, escuchar a gente que sufre abusos, a los
abogados, investigadores, académicos y a los juzgadores que se empeñan en la
actuación imparcial.
Buscar la forma de que la
judicatura deje de ser juez y parte, para que las fallas se corrijan.
Hay quienes no les gusta que
el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice conferencias mañaneras para
quejarse y exhibir flaquezas del poder judicial. Muchos y muchas litigantes
prefieren ponerse una venda en los ojos y callar para no ganarse la
animadversión de juzgadores. Existen medios que son extremadamente cautos en
estos asuntos.
López Obrador solo dice lo que
todo mundo sabe ante una mayoría que prefiere guardar silencio, por precaución
o miedo.
En 2015 el juez Francisco
Migoni Goslinga, director general de la presidencia de la Judicatura, las tres
veces que fue consultado sobre el artículo 19 de la Constitución federal,
sostuvo que nada podía justificar su incumplimiento.
“No existe ninguna excusa para
que no se cumpla”, repetía. Estaba en lo correcto, la obligación del juzgador a
resolver la situación jurídica del detenido en las 72 horas que establece dicho
precepto.
Eduardo Torres Carrillo,
entonces juez del Juzgado Primero de Procesos Penales, violó el artículo, como
lo describe la Recomendación 27/2013 de la CNDH. Hubo queja en la Judicatura y,
en vez de ser sancionado, fue ascendido a magistrado y enviado a Tamaulipas.
Cuando el juez Migoni se
enteró, lamentó que no lo hubieran alertado con oportunidad de esta situación.
El afectado le explicó que prefirió reservarse porque el oficio que justificaba
la actuación del juez estaba firmado por el ministro Luis María Aguilar quien
presidía la Corte y la Judicatura. Al escuchar eso, Migoni ajustó su opinión y
avaló lo firmado por su jefe.
Puntos neurálgicos que a veces
no ven autoridades del poder judicial y son desconocidos para legisladores.
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