GRUPO PÁGINAS PODEROSAS

 

LUZ EN LAS TINIEBLAS

ROMPECABEZAS

ABEL LUNA ESPINOSA

El 11 de junio de 2002 fue publicado el Decreto Oficial que dio luz a la integración del Instituto Federal de Acceso a la Información, sus actividades iniciaron un año después y para el 2014 fue cambiado su nombre al de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

El colega Moisés Sánchez Limón escribió que con esa decisión panista se cerraba “algo más que un capítulo de discusión sobre el hermetismo oficial que lindó en impunidades respecto del accionar del poder público”

Muy cierta hasta el momento esta apreciación, pero en la historia del INAI muchas ocasiones la información ha sido bloqueada bajo el argumento burocrático de la “seguridad pública” entre otros garlitos oficiales.

En la ceremonia de la firma de ese decreto por el entonces presidente Vicente Fox, estaban a sus lados Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación; Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados; y el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por aquellos tiempos también se ufanaba Francisco Barrio Terrazas, secretario de la Función Pública, en un encuentro con representantes empresariales que atraparía varios “peces gordos”, en alusión al llamado “Pemexgate” -que llevó dinero público a la campaña electoral del entonces candidato a la presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa- declaraciones que quedaron en bufonadas porque a final de cuentas quedó en eso porque ni siquiera atrapó charalitos.

En el pasado reciente el INAI ha respaldado la búsqueda de casos de muy sonda corrupción como el de Emilio Lozoya y los sobornos de la empresa Odebrecht; el de la mansión llamada “Casa Blanca” que fue construida para el beneficio de la entonces pareja presidencial (en el sexenio anterior); o el caso del municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde 22 civiles fueron muertos por parte de militares, ordenando a la Procuraduría General de la República difundiera la totalidad de las investigaciones sobre el asunto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y los múltiples vericuetos de los beneficiarios por el Instituto Nacional para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), son una parte de las múltiples dependencias de la administración pública que han sido requeridas por el INAI para la aclaración de diversos procesos poco claros.

También permanecen en los archivos del INAI, fechados en junio de 2014, acerca del derrame de 40 mil metros cúbicos de azufre en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora. Demanda de la cual los comisionados del Instituto pidieron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) entregara los estudios de impacto ambiental y de seguimiento que fueron realizados a lo largo de tres años después del siniestro.

Un caso en que el INAI apoyo fuertemente en las indagatorias periodísticas fue la llamada “Estafa Maestra”, en que se vieron involucradas una decena de universidades públicas las que recibieron más de 7 mil millones de pesos a través de contratos o convenios simulados, pero en realidad provenientes de empresas inexistentes.

Los casos abordados por este organismo independiente del gobierno en su trayectoria son miles y forman parte del proceso en que los ciudadanos hemos podido verificar actos de corrupción, o informaciones a acerca de decisiones poco o nada transparentes por parte de los servidores públicos.

Sin embargo, a pesar de que el INAI ha sido un faro, una luz, en las tinieblas de la llevada y tan traída corrupción gubernamental, ahora se pretende bloquearlo en su continuidad con mentiras y verdades a medias y obstruyendo el nombramiento de 2 comisionados que necesita ese organismo para que puedan seguir abordando las demandas y peticiones ciudadanas.

Las opacidades continúan y es práctica reiterada, por ejemplo en los llamados “moches” que se abren paso hacia la adjudicación directa de contratos para la realización de obras públicas o la compra de bienes.

Durante sus 21 años de trayectoria el Instituto ha apoyado que sean conocidos públicamente muchos actos de corrupción y -basado en leyes- ha mantenido la atención pública con base en las peticiones ciudadanas, empresariales y periodísticas, en donde se han localizado sus principales peticionarios.

Un gobierno que pretende el acallamiento de voces como las prevalecientes en el INAI solamente puede deducirse que está aplicando una doble moral porque al interior de las dependencias públicas siguen ocurriendo actos de corrupción, mientras al exterior -reitero- se pretende engañar con verdades a medias o falseadas con informaciones interesadas políticamente para que el INAI cierre sus puertas.

Un mal ejemplo que viene a la memoria es lo ocurrido a principios de este sexenio, cuando se decidió la extinción del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que nos daba el pulso de la realidad de la educación en el país pero que el capricho y ocurrencias de Palacio Nacional decidió su lamentable extinción.

 

La corrupción va vistiéndose de diferentes formas y sus protagonistas creen siempre que no serán descubiertos, de ahí otro factor de la importancia de seguirle dando más fuerza al INAI y de ninguna manera debilitarlo o desaparecerlo.

Ahora, desde otro punto de vista, si en verdad se quisiera ser transparente en todas y cada una de sus decisiones el Ejecutivo tendría la gran oportunidad de llegar a fondo en muchos temas. Por ejemplo, la apertura informativa exhaustiva en los costos del presupuesto, tendido y funcionamiento del Tren Maya o de los números del muy cuestionable Aeropuerto Internacional Felipe Angeles en el Estado de México.

Ahora, como parte del asedio de la Federación en contra del Instituto, trascendió, por voz de Julieta del Río, comisionada del INAI que funcionario de la Secretaría de Gobernación han pedido a diversas áreas administrativas que no den ninguna respuesta a las solicitudes enviadas por el Instituto.

La cerrazón del Ejecutivo, tanto por el propio presidente de la República, como el secretario Adán Augusto López (el mismo personaje que ya se siente sentado en la silla del Aguila para el próximo sexenio) tiene como telón de fondo no informar del quehacer público en este país. Y me parece que no exagero con esta afirmación.