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lunes, 7 de noviembre de 2022


Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas (foto. de Alfonso Martínez)
 

El costo de la división partidista


Para Contar


Arturo Zárate Vite

Las fracturas en partidos políticos tienen costo y en la mayoría de los casos se paga con la derrota en las elecciones; en otras, se sufre para ganar y deja dudas en el resultado.

Historia reciente de nuestro México. Hay que recordar en primer término lo que sucedió en 1988 cuando el PRI se fracturó con la llamada Corriente Democrática que encabezaron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

Fue cuando se “cayó o calló” el sistema, “haiga sido como haiga sido”. Hasta la fecha hay muchas voces que están convencidas de que se le arrebató el triunfo a la alianza encabezada por Cuauhtémoc.

En 1994 la trágica diferencia la hizo el asesinato de Luis Donaldo Colosio, además de la aparición del EZLN en Chiapas. Hubo incertidumbre y voto del miedo. La sociedad optó por lo que garantizaba paz y le dio la victoria al candidato improvisado Ernesto Zedillo, quien como coordinador de la campaña de Colosio tuvo que aguantar desaire, burla y malas caras de priístas.

Fue una de las razones que llevó a Zedilllo, ya como presidente del país, a practicar lo que llamó “sana distancia” con su partido y no se desvivió por ayudarlo a ganar en el proceso electoral de 2000. Fue de los primeros en reconocer la victoria de la oposición foxista.

Para la siguiente competencia, en el 2006 Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún intentaron que Santiago Creel fuera el candidato del PAN. Se les adelantó Felipe Calderón y ganó el proceso interno. Cuando Fox se dio cuenta que su partido podía perder la presidencial, aceleró su activismo a favor del político michoacano, como consta en el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que calificó la elección. Para fortuna del panismo, hubo una fractura más en el PRI, la maestra Elba Esther Gordillo rompió con Roberto Madrazo y decidió sumarse a los intereses azules.

Mínima la ventaja para Calderón, apenas el 0.56 %, en un escenario de impugnaciones, el reclamo de “voto por voto, casilla por casilla” y la más prolongada protesta sobre el paseo de la Reforma.

En el 2012, la sociedad volvió a darle nueva oportunidad al priísmo, al ver que los azules no habían logrado el cambio ofrecido. No le funcionó al PAN nominar a Josefina Vázquez Mota como su candidata. Hasta ahora, el hecho de que las mujeres sean mayoría en la población y en el padrón electoral, no ha sido suficiente para que una mujer llegue a la presidencia.

Para el 2018 el partido azul se fracturó; Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, así como los seguidores o leales, inconformes con la dirigencia, tomaron otro camino. Se atrevieron, sin éxito, a nominar a Margarita como su candidata, en vez de sumarse a Ricardo Anaya. 

En “Los Pinos” también se equivocaron y dividieron al partido al postular un candidato diferente (José Antonio Meade), que no estaba identificado con el priísmo. Se ocuparon en combatir al panista Anaya cuando Andrés Manuel López Obrador iba adelante en la mayoría de las encuestas.

Para el 2024, los principales partidos sufren problemas internos que se pueden recrudecer y llegar a la fractura en caso de que no se pongan de acuerdo en la nominación de sus respectivos candidatos o candidatas.

Por lo visto, poco o nada han aprendido de las recientes experiencias.

vite10@hotmail.com

@zarateaz1

arturozarate.com


 



Perversa y desesperada, la intención del gobierno de apoderarse 
de hasta 6 billones de pesos de activos financieros


El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que la modificación a la ley hacendaria demuestra el absoluto fracaso administrativo del gobierno y la desesperación política del presidente López Obrador, porque con esa reforma podrían quitarle a la sociedad su dinero y sus derechos para tapar los hoyos económicos de su gobierno.

Durante 4 años, explicó, el gobierno federal ha despilfarrado los ahorros y fondos acumulados por las administraciones pasadas y ha malgastado el dinero de los fideicomisos desaparecidos, “pero ahora, parece que quieren ir por más, buscando de manera perversa apoderarse de los activos financieros que superan los seis billones de pesos”.

Cortés Mendoza indicó que, con la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de Fondo de Estabilización, el presidente López Obrador podría echar mano a diversos activos financieros del país como los depósitos y títulos de deuda a favor del gobierno, capital en empresas donde participa el Estado, reservas de seguros, rendimientos financieros de inversiones y cuentas por cobrar.

El gobierno morenista es insaciable, con esa reforma podrían meter la mano a diversos fondos de inversión en vivienda como el FOVISSSTE e INFONAVIT, acciones y dividendos de inversión en las Siefores e incluso inversiones en bonos de pensiones del ISSSTE.

Como se ve, subrayó el líder nacional panista, el gobierno quiere quitarle al pueblo su dinero y sus derechos para tapar los hoyos financieros que han provocado la corrupción en los más altos niveles, el escandaloso despilfarro de cientos de miles de millones de pesos, la ineptitud de la clase gobernante y el descomunal aumento en el costo de las obras, capricho del presidente.

De acuerdo con datos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, este gobierno decidió malgastar los 473 mil millones de pesos de los fondos de estabilización que recibió en 2018.

“De ese total, explicó, al gobierno le quedan como 70 mil millones, pero si lo comparamos con la comilona que podrían pretender ahora, de seis billones, sí, seis millones de millones, esos 473 mil millones son apenas una botanita para el voraz apetito del gobierno”, dijo Marko Cortés.

El líder nacional panista recordó que cuando casi se acabaron los fondos de estabilización, el gobierno se apropió de los fideicomisos, los desapareció y se quedó con poco más de 135 mil millones de pesos, pero ahora quieren mucho más y resulta explicable, porque el gobierno tiene a tres corcholatas oficiales desviando recursos públicos en su ilegal campaña por todo el país y necesitan despilfarrar mucho más dinero antes de las elecciones, concluyó.

 


Escándalo tras escándalo
CONTRAFILO
José García Segura


Convertido en escándalo nacional, el proceso de elección de dirigentes

del Notariado Mexicano llegará a su fin el sábado 12, en Monterrey,

Nuevo León.


Nadie garantiza piso parejo en la contienda que se avecina.

Partidarios de Nicolas Maluf acusan dados cargados en favor de la

tlaxcalteca avecindada en Oaxaca, Guadalupe Diaz.


Además de vicios y complicidades (amiguismo, despojo, fraudes, lavado

de dinero...) de que habla la revista Proceso esta semana, los

notarios Noe Salvador Ramos y Arturo David Vázquez Urdiales denuncian

amenazas de muerte.


Si persiste la violencia física y verbal, ningún contendiente será dirigente.


Circula en ese gremio un pacto de no agresión que, por lo visto, de

nada ha servido.


El documento, denominado “compromiso de civilidad, respeto y

responsabilidad” consta de once puntos en los cuales se cita la

voluntad de aceptar el resultado de la votación.


Se sabe que oficialistas y opositores llegarán al evento con casco,

por lo que pudiera suceder este fin de semana.


En esa lucha, Nicolas Maluf exige transparencia y apego a la legalidad

al tiempo que llama a construir “un colegio democrático, incluyente y

de vanguardia”.


Guadalupe Diaz trata de convencer a sus pares de la legalidad de su

nombramiento, aun cuando no tenía la edad mínima que exige la ley; no

ejerció de manera suficiente la abogacía y mucho menos cubrió el

requisito de residencia.


Gane o pierda, la candidata Diaz deberá comparecer el martes 15 de

noviembre a las 9.30 horas en el penal de Tlacolula.


Si gana Maluf el reto será convencer y derrotar a la estructura de gobierno.


Maluf basa su propuesta en cinco ejes: Defensa del Notariado,

representación política y legislativa, democratización del Colegio

Nacional, vanguardia académica y, coordinación interestatal.


Ninguno de los Murat ha parado los señalamientos contra la candidata,

hija, por cierto, de Juan Diaz Pimentel, presunto líder del Cartel del

Despojo.


El notariado mexicano se ha manchado porque las Fiat o licencias

notariales se han entregado, en buena medida, a los amigos o a

políticos incondicionales del partido gobernante.


Como dijera aquel: nadie es indispensable en la vida de nadie. Quien

se va, hasta luego; quien llega, bienvenido.


Mail: josegarciasegura@gmail.com

miércoles, 2 de noviembre de 2022


 

Hacen Notarios la paz

CONTRAFILO

José García Segura


Notarios de México firmaron un acuerdo de civilidad luego de que los

equipos de quienes buscan el Colegio Nacional (2023-2024) cruzaran

amenazas de muerte y agresiones verbales.


El texto, denominado “compromiso de civilidad, respeto y

responsabilidad” consta de once puntos en los cuales se cita la

voluntad de aceptar el resultado de la elección del sábado 12 de

noviembre en Monterrey, Nuevo León, “con objetividad, prudencia,

mesura y civilidad política”.


La misiva está firmada por Guillermo Vega Guasco quien renunció la

semana anterior a la presidencia del notariado hidalguense debido a

reproches por su proselitismo en favor de Guadalupe Diaz Carranza,

candidata oaxaqueña a dirigente nacional.


Está firmado igualmente por Luis Carlos García Estefan, en

representación del mexiquense Nicolas Maluf, candidato a presidente.


En esencia, los fedatarios se comprometen a actuar “con

responsabilidad, congruencia, respeto, honestidad, mesura y

transparencia”.


La ruta a seguir es por la No violencia física, moral o de género.


El punto ocho a la letra dice que los pronunciamientos de los

candidatos (Guadalupe Diaz y Nicolás Maluf) se guíen por el respeto a

la sociedad en su conjunto “manteniendo un lenguaje libre de ofensas,

injurias o referencias discriminatorias”.


Arturo David Vásquez Urdiales, vicepresidente del Notariado es uno de

los amenazados de muerte luego de que la directiva a la que pertenece

acusara formalmente a Guadalupe Diaz Carranza por negarse a entregar

cuentas de su gestión.


La notaria Diaz tiene pendiente de comprobar casi medio millón de

pesos producto de cuotas y servicios proporcionados por esa

organización.


Guadalupe Díaz está acusada además de falsificar su acta de

nacimiento, cosa que, dice, es falso al tiempo que responsabiliza de

la ilegalidad de su nombramiento al ex gobernador priista José Murat

quien le autorizó la licencia notarial, aun cuando no cumplía con los

requisitos de residencia y ejercicio profesional de la abogacía.


Expertos en Derecho aseguran que Murat no estaba autorizado para

dispensar tanta irregularidad a Guadalupe Diaz Carranza, aun cuando su

padre, Juan Diaz Pimentel era líder del Congreso estatal al momento de

recibir su Fiat.


El artículo 135 de la constitución local, citado por especialistas,

advierte que el requisito de 35 años de edad puede ser dispensado en

circunstancias especiales, calificadas por la Legislatura, pero nunca

y por ningún motivo, “se dispensarán más de cinco años de edad”.


La notaria contaba con 28 años al momento de asumir el cargo; el

director del Registro Civil en aquel entonces era Jorge “El Ratón”

Zárate.


La jueza Martha Santiago Sánchez, del penal femenil de Tlacolula, citó

para el martes 15 a las 9.30 horas a Guadalupe Diaz Carranza quien

deberá responder a las acusaciones (31772/FEIDTS/537/2022) de falsedad

en su acta de nacimiento y usar la misma para obtener la FIAT o

licencia notarial.


Guadalupe Diaz Carranza es fedataria desde el 16 de noviembre de 2004.

Juristas consultados advirtieron la posibilidad de que su Fiat pudiera

ser anulada por el Tribunal de Justicia Administrativa y juzgada,

ella, por falsedad de declaración y lo que resulte.


josegarciasegura@gmail.com



 

VARADOS EN MÉXICO

DE NORTE A SUR

Abigail A. Correa Cisneros

La reciente política migratoria de Estados Unidos afecta a miles de venezolanos que no tienen cómo volver a su país.  

En un año, la migración de venezolanos aumentó casi 300 por ciento. 

La crisis migratoria redobla en nuestro país. En los últimos días quedaron varados en México cientos de venezolanos en su intento de llegar a Estados Unidos. 

La nueva política estadunidense, que permite la entrada a su territorio si se cuenta con apoyo económico, deja en el limbo mexicano a miles de venezolanos que buscan una mejor vida. Muchos deciden quedarse en México, pero la situación en el país se está complicando porque los viajeros desbordan los servicios principales en su paso por las ciudades.

Varias organizaciones no gubernamentales documentan las vejaciones y abusos que sufren de parte de autoridades municipales, estatales y federales. Los derechos humanos simplemente son ignorados desde que se les detiene arbitrariamente por el Instituto Nacional de Migración, que les retiene sus documentos. 

La semana pasada, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador anunciaron que las personas de nacionalidad venezolana que ingresen sin autorización a Estados Unidos serán devueltas a México sin posibilidad de solicitar asilo, bajo el argumento del Título 42.

Tras la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 el Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos, reguló con este argumento el flujo migratorio y de este derivan las nuevas medidas migratorias que, con un presupuesto de 817 millones de dólares, pretende atender nuevos puestos para el control de inmigración, el aumento en recursos y personal y el combate al tráfico de personas. 

El flujo de migrantes venezolanos aumentó, solamente de 2021 a 2022 en 293 por ciento. El 25 por ciento de la población venezolana huyó hacia Estados Unidos. Y en su éxodo por México se suman a miles más atrapados en ciudades como Tapachula, Chiapas, o Tapanatepec, Oaxaca, donde las autoridades reportan el desbordamiento de los servicios.

Los extranjeros están hacinados en albergues, calles, plazas, parques. Desde que se anunciaron los nuevos requisitos para poder entrar a Estados Unidos, mismos que prácticamente son inalcanzables, porque entre otras cosas deben contar con patrocinador dentro del territorio estadunidense, vacunas completas, no ingresar a México de forma irregular, lo que los tiene atrapados sin ayuda de las autoridades mexicanas. 

Se estima que entre el 12 y 23 de octubre de 2022 se han expulsado 5 mil 193 venezolanos de Estados Unidos, terminando en Ciudad Juárez, Matamoros, Tijuana, Piedras Negras y otras ciudades fronterizas.

Muchos denuncian que cuentan con una visa de 30 días para transitar por territorio mexicano. Sin embargo, no se les respeta y son perseguidos por agentes del Instituto Nacional de Migración. Declaran que pasan días sin comer, huyen de la Guardia Nacional y varios sobreviven enfermedades. Preguntan, ¿qué hará México con nosotros? 

Aunque miles deciden seguir intentando llegar a Estados Unidos, otros tantos optaron por volver a Venezuela en vuelos humanitarios. Desde 2018, el gobierno de Nicolás Maduro puso en marcha un plan de repatriación voluntaria llamado “vuelta a la patria” para facilitar el regreso de migrantes que carecen de medios propios. Hasta mediados del año, unos 30,000 venezolanos regresaron a casa provenientes de 19 países de Latinoamérica.

Cifras de la ONU reportan que más de 7.1 millones de venezolanos huyeron de su país en los últimos años debido al colapso económico y social.

DESDE EL CENTRO

Otro éxodo que resuena mucho es el de los trabajadores remoto o nómadas digitales, provenientes de países con mayor desarrollo y que se instalan en nuestro país, con un sueldo en dólares, pero pagando en pesos. La gentrificación está comenzando a notarse en Ciudad de México. Recientemente, el gobierno de Claudia Sheinbaum hizo una alianza con la plataforma Airbnb para facilitar vivienda a estos nómadas digitales, lo cual, de acuerdo con varias organizaciones, significan un impacto en los costos de rentas, al mismo tiempo que encarecen otros productos. Denuncian que en al menos ocho edificios habitacionales del Centro Histórico se vivieron procesos de expulsión de habitantes para cederlos a Airbnb, los cuales se ubican en las calles Justo Sierra, San Ildefonso, López, Revillagigedo, Bolívar, Isabel la Católica y Luis Moya. También se ven afectados pobladores de la colonia Roma y Condesa, que demandan suspender la colaboración con dicha plataforma hasta contar un diagnóstico público y medidas de prevención y mitigación de su impacto en el acceso a la vivienda.

Abicorrea79@hotmail.com   



 Ley de ciberseguridad debe ser transversal 

a la gobernanza nacional

La democracia en nuestro país está en constante riesgo.

El sistema financiero, político y militar podría colapsar al estar vulnerable.

Se necesita un marco legal que prevenga, ataque y consigne a los responsables.

 

La discusión que ahora se realiza en el Congreso de la Unión en materia de ciberseguridad debe ser transversal a la gobernanza a fin de proteger la democracia y a los usuarios digitales del país, advirtió Ezequiel Aguiñiga, presidente del Consejo de Administración de PSI-México.

“De no hacerlo, la democracia en nuestro país -a través de la gobernanza- seguirá en constante riesgo porque el sistema financiero, político y militar del país estará en condiciones de colapsar al estar vulnerable a un ciberataque”, vaticinó.

El ingeniero lamentó que el marco jurídico en nuestro país data de 1997, año que -por demás- está rebasado para el nivel de actualización que en este momento tiene el ciberespacio; “por este motivo tenemos ciberataques del tamaño de Guacamaya o los famosos montadeudas”.

“Los ciberdelincuentes actúan en nuestro país porque carecemos de un marco legal que prevenga, ataque y consigne a los responsables de estos ilícitos”, argumentó el especialista en ciberseguridad.

“No sólo es una situación de pérdidas millonarias o un déficit en los profesionales de la ciberseguridad; es que nuestro marco legal hace factible que México sea blanco de ataques como el que se registró en contra de los archivos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, dijo.

El también líder de PSI-México recordó que nuestro país todavía no suscribe el “Convenio de Budapest”, instrumento internacional que trata de manera específica la forma de prevenir y mitigar el riesgo del ciberdelito, que entró en vigencia desde 2004.

“El convenio fue aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en noviembre de 2001 en Budapest y entró en vigor el 1 de julio de 2004; si México suscribiera dicho convenio, los legisladores podrían empalmarlo al marco jurídico nacional”, sostuvo.

Por su parte, el ingeniero Enrique Rodríguez Sánchez, coordinador del área de seguridad cibernética de Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI-México) explicó que, en los últimos dos años, producto de la pandemia por Covid 19, los ciberdelitos aumentaron 73 por ciento, con respecto a 2019.

Citó el último informe del Programa Global de Ciberdelito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en el que se determina que, 80 por ciento de ellos se dieron a través de plataformas como Facebook.

Por si esto fuera poco, advirtió el también científico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que “una tercera parte de los ciberdelitos en México están relacionados con pornografía infantil, trata de personas y delitos financieros”.

Ambos científicos de PSI-México coincidieron en que los legisladores mexicanos deben tomar con seriedad la situación de la seguridad cibernética en el país, “porque no sólo es por la comisión de más de 50 mil denuncias por ataques digitales en los primeros nueve meses del año.

Éstas generaron pérdidas económicas que superaron los 925 mil millones de pesos, sólo en nuestro país, pero que en países como los Estados Unidos representó una tercera parte, pero en dólares, sólo en lo que va del presente año.

 


Fabricante D´Noticias

CNDH: Descanse en Paz

Por Rodolfo González Sarrelangue


Protestar cumplir y hacer cumplir la Constitución es requisito indispensable para un presidente mexicano y el inquilino de Palacio así lo hizo. Por tanto, apoyar un acto inconstitucional de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra,  lo convierte en cómplice.

Aunque la argumentación del Primer Mandatario al reclamar a la prensa fifí, neoliberal o aliada de la mafia del poder, fue decir que no se le perdona ser hermana de Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga 23 de Septiembre, desaparecido desde abril de 1975, y probable implicado en la muerte del empresario Eugenio Garza Sada el 17 de septiembre  de 1973.

Llegó al extremo de criticar a los católicos que no saben perdonar, pero no se trataba de relacionar a Rosario Piedra Ibarra con su hermano, sino cuestionar una recomendación hecha al Poder Legislativo para transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) y reivindicar el derecho del pueblo a la democracia, el ya famoso Pronunciamiento DGDDH/081/2022, éste fechado  el 30 de octubre de este año.

“Qué mejor para la CNDH que alguien que perdió a su hermano?, pero eso no lo perdonan, yo no sé cómo dicen ser católicos y no perdonan”, expreso el Ejecutivo Federal.

 


En su comunicado la CNDH señala que el comportamiento a últimas fechas del INE y su historial es el mismo del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la otrora Comisión Federal Electoral, a los que califica como “órganos autónomos únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que solo han servido para el mantenimiento de vicios que, por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales”

Si su titular no está enterada, al parecer tampoco su equipo, pues el INE respondió en junio pasado a la Recomendación 46/2022 de la CNDH y, en síntesis la Institución estableció que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes, tratándose de asuntos electorales.

El Instituto cumple desde su creación, hace 32 años,  las responsabilidades que le han sido asignadas para garantizar la democracia. Como dato informativo, el INE ha organizado exitosamente 330 elecciones, una de las cuales puso en la silla presidencial al actual inquilino de Palacio, quien al apoyar el acto inconstitucional de la señora Piedra Ibarra lo pone en ese mismo tenor.

Con su recomendación la CNDH viola la Constitución, pues su principal atribución en hacer las recomendaciones y, en su caso, las observaciones que resulten pertinentes a las autoridades administrativas del país sobre violaciones a los derechos humanos, además de divulgar, capacitar y fortalecer esta cultura.

Por si Rosario Piedra Ibarra no lo sabe, o no lo recuerda, en la reforma de enero de 1992 se incluyó la incompetencia de los organismos protectores de derechos humanos para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. Esta enmienda se complementa con la Ley de la CNDH, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992.

Entre quienes criticaron la postura de la titular de la CNDH, virtual enterradora de su dependencia, está el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien diplomáticamente comentó que la titular de la Comisión debería estar más centrada en la defensa de los derechos humanos y que la resolución del INE se la deje al Legislativo.

El colmo de las manifestaciones en contra es el de 7 de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la propia CNDH, quienes descalificaron el enfoque de la Recomendación DGDDH/081/2022, pues comentaron que transformar al INE nunca se discutió y reiteraron que la Comisión debería centrarse en el objetivo principal para el que fue fundada.

La Conferencia del Episcopado Mexicano, en voz del director del Observatorio del organismo, padre Mario Ángel Flores insistió en reconocer el papel del INE en los últimos 25 años, cuyos méritos se aceptan internacionalmente.

El prelado añadió que la postura de la CNDH y su titular pone en riesgo la autonomía del INE y es un atentado contra un proceso de democracia en marcha. Como en toda la ciudadanía es un deber y responsabilidad moral de la iglesia expresarse desde el bien común para garantizar la estabilidad democrática del país.

Aunque si bien para el inquilino de Palacio no hay que irle con que la ley es la ley, sí vale recordarle que independientemente de ocurrencias, rencores, temores, frustraciones, falta de preparación y una visible salud mermada, él llegó constitucionalmente a la Silla Presidencial, juró cumplir y hacer cumplir la Carta Magna y si la titular de la CNDH se ha prestado a ser enterradora del organismo, su actitud inconstitucional no debe ser secundada por el Primer Mandatario. Señor presidente: El INE no se toca.


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