Que no le digan…

Es tiempo de defensa de la soberanía

Por Mario A. Medina

 

¿Por qué?

 

¿Por qué la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya fue precisamente en estos días? ¿Por qué no fue antes?

 

¿Por qué no fue detenido en EU cuando dijo estuvo de visita allá, el 25 de julio de 2024, fecha que coincidió con el día de la captura de El Mayo Zambada cuando el narcotraficante, con engaños, Joaquín Guzmán López lo entregó a las auntoridades del vecino país del norte? 

 

¿Por qué no se le detuvo allá? ¿Por qué si ya sabían de los nexos, -como lo acusan-, con los chapitos, de sus “malos pasos”, no le informaron desde antes al gobierno de la presidentA, Claudia Sheinbaum como establecen los acuerdos firmados entre ambos países? 

 

Efectivamente no es fácil salir a defender a un gobernador como Rocha Moya. Diversos medios de comunicación, y no necesariamente los que no comulgan con el gobierno morenista han advertido posibles vínculos del mandatario con el cártel de Sinaloa.

 

Como explicó la presidentA Sheinbaum, la legislación mexicana señala claramente que “para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”.

 

Al mismo tiempo aceptó que “si la autoridad competente recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.

 

El gobierno americano pretende pasar como impoluto, transparente, democrático y justiciero en un acto totalmente intervencionista.

 

Varios días atrás, en Sinaloa, el embajador Ron Johnson dijo: “La corrupción que facilita el crimen y perjudica a ambos países será investigada y procesada”; pero apenas este jueves, en un comunicado difundido por la embajada de su pais, repitió esta frase con un agregado, “… en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”. Es decir, se asumen como los polizontes del mundo.

 

¿Qué está advirtiendo el boina verde, ex agente de la CIA?, quien con cinismo, en el mismo texto, habló del compromiso de su país con “una relación bilateral fundamentada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho”?

 

El gobierno de EU acusa “la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio”. En diciembre de 2025, Donald Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández quien cumplía una larga condena por narcotráfico en EU.

 

Según el Departamento de Justicia de EU y las pruebas en su juicio, el expresidente facilitó el envío de aproximadamente 500 toneladas de cocaína a territorio estadounidense entre 2004 y 2022.

 

Insisto, ¿por qué no fue antes, y sí lo fue ahora?

 

Es claro que la demanda  de EU no es por su autoridad moral, que no la tiene; es por su poderío que sí lo ejerce. El problema es que, sean demócratas o republicanos, no van a aceptar nunca que alguien les alce la voz, los enfrente, los exhiba, los contradiga. 

El expresidente López Obrador los enfrentó cuando determinó que ningún agente de la DEA, de la CIA, del FBI o cualquier otra organización oficial de EU podría andar por México “como Juan por su casa” como sí lo hacían en el pasado.

 

El corresponsal de Proceso en EU, Jesús Esquivel, en su libro “Los Cárteles gringos”, recuerda que López Obrador le pidió a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, “no quitara el dedo del renglón y exigirle al gobierno de EU que oficialmente en su guerra contra las drogas agregara a los cárteles gringos como parte de su responsabilidad…”.  

 

Claro que esa decisión no le gustó al gobierno de Trump como tampoco que, aunque por un accidente se haya descubierto la injerencia de su administración y conocido al mismo tiempo que el gobierno panista de Maru Campos les había abierto las puertas para operar aquí. 

 

Por eso, la gobernadora debe ser juzgada como traidora a la patria. Seguramente ella debe estar pensando que la acusación contra Rocha Moya va a ser un salvavidas que le va a permitir salir a flote.

 

La panista debe leer y tener claro la posición de la presidentA en la mañanera del jueves: “bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía, esta es nuestra posición”.

 

Frente a la exigencia del gobierno de Trump de extraditar a EU a Rocha Moya, sería interesante que México demandara al gobierno estadunidense la entregara, para juzgarlo aquí, del responsable que ordenó la injerencia de los agentes de la CIA que entraron ilegalmente a México en asociación con el gobierno de Maru Campos, porque claramente se violentaron diversas leyes federales y, desde luego, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por otra parte, frente a esto, y aunque parezca un asunto populachero,  es importante que desde la nueva dirigencia de Morena se llame a cerrar filas en torno a la presidentA que está enfrentando a la derecha que no desaprovechará el hecho para acusar a su adminstración y a la 4T de “narco-gobierno”.

 

Tal vez no una concentración multitudinaria en el Zócalo, sino toda una campaña en redes sociales y canales de YouTube y todos los medios posibles para exhibir la intencionalidad oculta del gobierno de Trump que no busca acabar con los grupos del narcotráfico, sino construir una narrativa de que somos los culpables de la crisis del fentanilo.

Como  documenta Esquivel en su libro: “la demanda de EU a Méxco de parar el trasiego de drogas, y en particular el de las sintéticas manofacturadas con fentanilo no tiene eco en las que se hace a la inversa para taponear el maremoto de armas estadunidenses que atizan a las cifras de homicidios entre los mexicanos”.

 

Y sí, frente a la injerencia, a la intromisión, “es tiempo de defensa de la soberanía”.

 

Que no le cuenten…

 

Este domingo difícil estreno tendrá Ariadna Montiel quien seguramente será designada por el VII Congreso Nacional Extraordinario de Motrena como su nueva dirigente nacional. Seguro llamará a cerrar filas en torno a la presidentA, Claudia Sheinbaum. El pronunciamiento deberá ir aparejado con una seria autocritica por los desvíos de autoridades y legisladores de este partido, aparejado, desde luego, con una fuerte advertencia a los “mal portados” y dejar claro que se habrán de revisar los perfiles de candidatos y funcionarios.

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