La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública presenta desafíos para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública que los estados pueden atender.  México Evalúa presenta seis recomendaciones para que los congresos estatales expidan leyes de transparencia con más garantías para el derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información pública es un componente crucial para fortalecer la confianza en las instituciones públicas y contribuir a tener sociedades democráticas más sanas.

El pasado 20 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). Antes de su aprobación, organizaciones de la sociedad civil  —entre ellas, México Evalúa— identificaron los desafíos que esta nueva legislación plantea para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública. A pesar de los llamados para reconsiderar los cambios propuestos en la nueva LGTAIP, pues representan un retroceso en materia del derecho de acceso a la información, el Congreso federal no atendió estas preocupaciones. Es importante recordar que, hasta 2024, México contaba con una de las mejores leyes de acceso a la información en el mundo, según el Global Right to Information Rating. La legislación anterior se distinguía por un régimen de excepciones claro, una prueba de daño adecuada y la independencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Estos principios se han debilitado con la nueva ley.  Ahora los estados tienen la oportunidad de aprobar mejores leyes de transparencia Los congresos locales tienen ahora la oportunidad de diseñar marcos normativos más sólidos y alineados con estándares internacionales.Con eso en mente, México Evalúa ha identificado seis áreas donde los estados pueden mejorar la regulación del derecho de acceso a la información y la transparencia: Garantizar que los órganos de transparencia estatales sean colegiados y no unipersonales. Se recomienda que los poderes ejecutivos estatales tengan un esquema colegiado con al menos tres integrantes, y que no sea unipersonal como ocurre con el nuevo órgano federal. Este modelo permitiría un mayor equilibrio institucional y una supervisión más efectiva. Exigir requisitos de idoneidad para titulares de órganos de transparencia. Mientras que a nivel federal el nombramiento queda en manos del Ejecutivo sin requisitos específicos de idoneidad, las leyes estatales deberían garantizar que las personas seleccionadas cuenten con experiencia y conocimiento en la materia, asegurando imparcialidad y profesionalismo. La Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece criterios mínimos, como la independencia de criterio y una trayectoria comprobada en la materia, que podrían ser retomados en la legislación local. Obligar a documentar todos los actos de autoridad. La nueva LGTAIP eliminó la obligación de que los sujetos obligados documenten todos los actos derivados del ejercicio de sus funciones, lo que abre la puerta a la opacidad. Los congresos estatales pueden revertir esta medida al exigir en sus leyes que la documentación sea obligatoria para todos acto que derive de las funciones de los sujetos obligados Recuperar el principio de máxima publicidad. La redacción actual condiciona el acceso a la información documentada y limita su disponibilidad. Es crucial que las legislaciones estatales recuperen la formulación anterior, que garantizaba que toda la información en posesión de los sujetos obligados sea pública, accesible y sujeta a un régimen de excepciones legítimo. Reinstaurar los Consejos Consultivos ciudadanos. En el ámbito federal se eliminó esta figura. Los estados tienen la oportunidad de recuperar en sus leyes este mecanismo de participación ciudadana en el seguimiento de políticas de transparencia, permitiendo que académicos, activistas y representantes de la sociedad civil contribuyan a la vigilancia y mejora de las instituciones. Fomentar la apertura gubernamental y la participación ciudadana. Las legislaciones locales pueden establecer medidas para fortalecer la participación ciudadana al adoptar acciones similares a las que contemplaba la Ley Federal de Transparencia, ahora abrogada. Entre ellas: facilitar la intervención ciudadana en los procesos legislativos y judiciales, desarrollar plataformas digitales para la interacción con la ciudadanía y promover el acceso público a audiencias y resoluciones. Las recomendaciones de México Evalúa buscan garantizar en los estados un modelo de transparencia robusto y alineado con los mejores estándares internacionales. Los congresos estatales tienen la responsabilidad de no solo cumplir con los mínimos establecidos por la nueva LGTAIP, sino de elevar los niveles de apertura gubernamental, garantizando el derecho de acceso a la información y fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas.