¿Qué sigue después de las protestas?
Para Contar
Arturo Zárate Vite
El asesinato de
Lourdes Maldonado en Tijuana detonó enojo, reacción generalizada del gremio
periodístico, como pocas veces. Por la forma en que se realizó el atentado y el
antecedente del pleito laboral que había ganado después de nueve años a empresa
propiedad del empresario Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California.
Medios y
comunicadores de distintos estados del país, en sus espacios informativos y en
calles, protestaron y exigieron terminar con la impunidad, con las agresiones a
periodistas, dar con los asesinos de Lourdes y quienes quitaron la vida al
fotógrafo Margarito Martínez y al reportero José Luis Gamboa, que días atrás
también habían sido victimados.
¿Qué más pueden
hacer los periodistas para que esto se aclare, acabe el exterminio y se haga
justicia?
¿Les
corresponde investigar, dar con los culpables?
¿Deben mantener
la protesta hasta que se garantice su seguridad?
¿Cómo
desalentar a los criminales?
¿Desde cuándo los
periodistas dejaron de ser el cuarto poder?
¿Por qué se ha
vuelto la profesión más peligrosa en México?
¿Por qué si es
tan peligrosa la profesión, se les paga muy poco, no alcanzan ni seguro de vida
y mucho menos seguro de gastos médicos?
¿Funciona el
mecanismo de protección para periodistas?
¿Qué hace la
CNDH por los periodistas?
De acuerdo con
cifras de diversas instituciones, del 2000 a la fecha han sido asesinados 148
periodistas.
La mayoría de
los casos han quedado en la impunidad, sin castigo para los responsables.
De poco o nada
han servido las protestas, ni tampoco las condenas de las diversas
instituciones, civiles y oficiales.
Ante la
impunidad prevaleciente, la llamada Alianza de Medios Mx, integrada por docena
de medios, decidió investigar por su cuenta el caso de la compañera María Elena
Ferral, víctima de la red de corrupción en el norte de Veracruz.
La última vez
que la autoridad llegó hasta las últimas consecuencias fue en el caso del
asesinato del columnista Manuel Buendía. Detuvo a José Antonio Zorrilla Pérez,
titular de la extinta y temida Dirección Federal de Seguridad, como autor
intelectual, y al agente Rafael Moro como autor material. Zorrilla fue
condenado a 35 años de prisión. El encargado de la investigación en 1989 fue el
procurador Ignacio Morales Lechuga.
El autor de la
columna “Red Privada” tenía pruebas de los vínculos de Zorrilla con
delincuencia organizada.
Desde entonces
a la fecha, se ha vuelto prácticamente imposible detener a los agresores de
periodistas.
A Tijuana,
donde mataron a Lourdes Maldonado y al fotógrafo Margarito Martínez, se ha
enviado a investigadores especiales.
Sociedad y
gremio periodístico esperan que cumplan su misión y atrapen a los culpables,
sin importar de quien se trate; lleguen hasta las últimas consecuencias, como
sucedió en el caso de Buendía.
Ante protestas
de periodistas, lo que debe seguir es eficiencia en las investigaciones y
garantizar condiciones de seguridad para el trabajo de los informadores en
México.
@zarateaz1
arturozarate.com
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