Sube la extrema pobreza en América Latina a niveles no vistos en
casi 30 años
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Cinco millones de
personas más en el continente entraron en la pobreza extrema en 2021, que ya ha
alcanzado los 86 millones. Mientras que se estima que la tasa de pobreza
general habría disminuido levemente, del 33,0% al 32,1% de la población,
situándose en los 201 millones.
La crisis
sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe es la región más
vulnerable del mundo en esta pandemia. Esa crisis de salud se ha convertido en
una crisis social, llevando la tasa de pobreza extrema en América Latina del
13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años,
informó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Esto
significa que la cantidad de personas en pobreza extrema habría pasado
de 81 a 86 millones.
Mientras
se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente, del 33,0%
al 32,1% de la población, bajando ligeramente el número total de personas en
situación de pobreza de 204 a 201 millones.
Los mayores
incrementos de la pobreza tuvieron lugar en Argentina, Colombia y Perú, donde
alcanzaron o excedieron los 7 puntos porcentuales. En Chile, Costa Rica,
Ecuador y Paraguay creció entre 3 y 5 puntos porcentuales y en Bolivia, México
y la República Dominicana, creció menos de 2 puntos porcentuales. El único país
de la región que experimentó una disminución de la pobreza y la pobreza extrema
en 2020 fue Brasil.
“Pese a
la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y
absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima
de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social.
La crisis también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en que vive
buena parte de la población en los estratos de ingresos medios,
caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social
contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva”,
señala el informe anual Panorama
Social de América Latina 2021.
El
aumento de la pobreza extrema es “consecuencia de una reducción de las
transferencias de ingresos de emergencia en algunos países, que no alcanzaría a
ser compensada por el incremento esperado de los ingresos del empleo”.
Si la recesión económica afecta
la capacidad de la gente para acceder a los alimentos, el COVID-19 ha puesto
patas arriba miles de vidas, como la de Jomar Durán y su familia que se
enfrentan a diario a la preocupación de cómo alimentar a sus hijos.
30 años
de retroceso
Según el
informe, la región experimentó una notoria regresión en su lucha contra la
pobreza en 2020 por causa de la pandemia. Tanto la pobreza como la pobreza
extrema aumentaron por sexto año consecutivo. En 2020, la pobreza extrema se
elevó a niveles registrados 27 años atrás, mientras que la tasa de pobreza
general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.
En el
estudio, la CEPAL indica que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no
recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas
rurales, pueblos indígenas y la niñez. Asimismo, al examinar distintos índices,
entre ellos el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se constató un
aumento de esta.
De
acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, la pobreza habría sido
mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las
transferencias de ingresos de emergencia. La pobreza extrema habría
sido alrededor de 1,8 puntos porcentuales más alta, y la pobreza general habría
sido 2,9 puntos porcentuales más elevada en promedio en siete países.
Pese a lo
anterior, el Panorama Social 2021 consigna que en los últimos
10 meses de 2020 las transferencias de emergencia anunciadas por los países
para paliar el efecto de la crisis representaron un gasto de 89.700 millones de
dólares, mientras que en los primeros diez meses de 2021 el gasto anunciado en
estas medidas fue la mitad: 45.300 millones de dólares.
“La
‘recuperación’ económica de 2021, que causó cierta euforia en algunos
países, no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos
sociales y laborales de la pandemia, estrechamente vinculados a la desigualdad
de ingreso y género, a la pobreza, a la informalidad y a la vulnerabilidad en
que vive la población”, declaró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la
CEPAL, quien llamó a mantener las transferencias monetarias de emergencia en
2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada.
En Arequipa, lejos de los
vertederos, estas mujeres peruanas, apoyadas por la Iniciativa Pobreza y Medio
Ambiente se han convertido en promotoras de una cultura del reciclaje que
muestra cómo los residuos también tienen oportunidades de desarrollo.
Aumento
de la desigualdad también
El
documento sostiene que la desigualdad incrementó entre 2019 y 2020, con lo que
se quebró una tendencia decreciente que venía observándose desde 2002. El
Coeficiente de Gini —utilizado internacionalmente para medir la distribución
del ingreso— aumentó en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional entre
2019 y 2020. Este deterioro tiene relación directa con las repercusiones de la
pandemia.
América
Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que lleva más tiempo de
interrupción de clases presenciales, en promedio cerca de 56 semanas de interrupción
total o parcial, lo que ha generado brechas en el desarrollo de habilidades
cognitivas, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo de aumento
del abandono escolar.
Ese
cierre escolar ha impactado sobre la sobrecarga de las tareas de cuidado de las
mujeres. Por ello, el retorno seguro a clases presenciales es urgente en 2022,
subraya la comisión regional de las Naciones Unidas.
No habrá
recuperación económica si no se controla la pandemia
En el
estudio, la CEPAL recalca que sin control de la crisis sanitaria la
recuperación económica no será sostenible, y advierte que América Latina y el
Caribe es la región más vulnerable del mundo ante el COVID-19.
La región
presenta el mayor número de defunciones informadas por COVID-19 a nivel global
(1.562.845 hasta el 31 de diciembre de 2021), cifra que seguirá creciendo
mientras la pandemia persista. Estas representan el 28,8% del total de
defunciones por COVID-19 notificadas en el mundo, pese a que la población de la
región apenas asciende al 8,4% de la población mundial.
A 26 de
enero de 2022, el 62,3% de la población de América Latina y el Caribe (en torno
a 408 millones de personas) contaba con una pauta completa de vacunación, por
lo que la CEPAL hace un llamado a incrementar los esfuerzos, de tal manera que
a mediados de 2022 todos los países de la región hayan vacunado al 70% de su
población con el esquema completo.
Para
alcanzar dicho objetivo, apunta la Comisión, urge fortalecer los programas de
compra de vacunas y los mecanismos de cooperación y coordinación regional, en
línea con el Plan de
autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe aprobado
por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y elaborado
por la CEPAL.
“La
pandemia es una oportunidad histórica para construir un nuevo pacto social que
brinde protección, certidumbre y confianza. Un nuevo contrato social debe
avanzar y fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección social
y promover que estos sean universales, integrales, sostenibles y resilientes.
Vienen años de menor crecimiento económico y, si no se mantienen los esfuerzos
para proteger el bienestar de la población, serán mayores los aumentos en
pobreza y desigualdad en la región”, declaró Alicia Bárcena.
Un nuevo
contrato sobre fiscalidad
Un pacto
social requiere de un nuevo contrato fiscal con progresividad, acompañado de
objetivos muy concretos, como darle sostenibilidad financiera a una protección
social universal y con niveles de suficiencia adecuados que incluya al conjunto
de la población, apuntó.
También
urge reestructurar los sistemas de salud, avanzar hacia una cobertura universal, con atención oportuna y de
calidad para toda la población, y que el Estado actúe como garante del derecho
a la salud.
Finalmente,
el informe aborda la propuesta de la CEPAL de transitar hacia una sociedad del
cuidado, que supone reconocer que los cuidados son una necesidad universal y a
la vez expresan diversidades estructurales como el ciclo de la vida, las
condiciones físicas, las condiciones socioeconómicas y de ingresos y las
diferencias territoriales. “La universalidad, la coordinación interinstitucional
e intersectorial, la corresponsabilidad y la sostenibilidad financiera
constituyen pilares fundamentales de las políticas integrales de cuidados que
precisa la región”, concluye el documento.
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