Revisión de recursos millonarios
ROMPECABEZAS
Por
ABEL LUNA ESPINOSA
TODOS
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, incluyendo a los que buscaron su
registro con base en el número de votos, que participaron en la campaña
electoral que concluyó en junio son multados por el Instituto Nacional
Electoral como consecuencia de sus incumplimientos a las normas.
Entre estas los egresos no
reportados, no comprobados, omisiones en reportes de operaciones en tiempo
real, ingresos no comprobados, y eventos registrados fuera de tiempo.
Los consejeros electorales decidieron
estas sanciones por el total de mil 203 millones 653 mil pesos, siendo las más
cuantiosas para Fuerza por México, Morena, los partidos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional y Verde Ecologista de México, en incluye a Redes Sociales
Progresistas, que no logró su registro.
El gobernador electo de Nuevo
León, Samuel García, por 14 millones de
pesos, y a Movimiento Ciudadano con 28 millones de pesos por haberse detectado
triangulación financiera para su campaña electoral.
Ese financiamiento irregular fue
canalizado por parte de dos empresas (Firma Jurídica y Fiscal Abogados y SGA
Tierras y Bienes Inmuebles), solamente uno o dos días antes de la votación.
Ahora, viendo hacia adelante,
lo más importante, me parece, será el análisis muy formal y documentado del
tema de los recursos entregados a los partidos políticos para sus actividades,
sean o no tiempos electorales y más allá de la retóricas de los discursos.
Porque de ninguna manera –parafraseando
al presidente de la República- el país puede seguir con ese tipo de esquemas en
medio de esta situación de limitaciones económicas, de tanta pobreza y
desempleo.
Los partidos tendrán en ese
escenario la obligación de obtener sus recursos desde fuentes privadas,
donaciones, entre otros, pero bajo la vigilancia de las autoridades del INE
para evitarse a lo máximo la mezcla e intromisión de recursos provenientes de
la delincuencia o zonas poco claras de la economía.
Esto puede decirse fácilmente
pero necesitará de toda una “ingeniería” muy precisa, con altos niveles de
eficiencia para que realmente lograra ese objetivo. En el país hay
especialistas que pueden lograrlo, sin la menor duda, pero faltaría la voluntad
políticos para asumir esa decisión.
LA
DENUNCIA DEL sistema de espionaje denominado Pegasus, de origen Israelí, que husmeó a
periodistas y políticos durante años es un indicio de que a la gente del poder político
no sólo en México sino en todo el mundo les interesa saber, paso a paso, cuáles
son las indagatorias de los reporteros.
Esa inseguridad, en ese grupo,
no solamente atenta a las libertades de prensa y de tránsito sino trasciende a
los derechos humanos de los periodistas, el derecho a la privacidad de sus
comunicaciones, de la libertad de prensa, de que la sociedad conozca ese tipo
de abusos y tropelías con cargo al erario público.
Ahora es Pegasus pero debemos hacer notar que los sistemas de la
intervención de las comunicaciones han sido permanentes hacia los periodistas.
Antes los llamábamos, coloquialmente, “pájaros en el alambre” y en nuestros
días los avances tecnológicos pueden inmiscuirse hacia sitios insospechados.
Ello va muy por encima de las leyes, de los buenos
propósitos que pudieran tener algunos funcionarios públicos, pero quién nos
garantiza o nos niega que esos medios de intromisiones en las comunicaciones
también se dan entre grupos policiacos y su connivencia con diversos tipos de
delincuentes.
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