IMPUNIDAD A TODA PRUEBA
ROMPECABEZAS
Por ABEL LUNA ESPINOSA
MUY RAZONABLE LA propuesta de la diputada
perredista Verónica Juárez Piña, de profundizar investigar plenamente el
desempeño de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros en su encargo de secretaría de
la Función Pública, porque “no se le puede ni debe sustituir sin más para que
goce de completa impunidad”
Es más la ahora exsecretaria incumplió con
todas las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal. Entre ellas la de las debidas inspecciones en el ejercicio el
gasto del presupuesto.
Por si esto fuera poco deben investigarse las
versiones de enriquecimiento ilícito de ella, en lo personal y algunos de sus
familiares, como es la sospechosa adquisición de bienes inmuebles en los últimos
años.
Juárez Piña nos recuerda que Sandoval prácticamente
no hizo nada en el combate contra la corrupción en todos los niveles, como lo
pregona prácticamente diario el presidente de la República. Así como tampoco
aplicó los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, de
acuerdo con lo señalado por el Sistema Nacional de Fiscalización.
En la Cuenta Pública 2019, por mal ejemplo,
resultaron 7 mil 141 observaciones, solicitudes de aclaración, promociones de
responsabilidades administrativas, recomendaciones y solicitud de promoción de
facultades de comprobación fiscal; acotaciones que demuestran la opacidad y
ocultamientos con que se manejó la exsecretaria.
En consecuencia debe llamársele a cuentas,
también, de por qué toleró compras directas de bienes y servicios para el gobierno
federal, llegando hasta al 80 por ciento de adjudicaciones sin someterlas a concurso,
bloqueando la participación de muchos proveedores.
Y SI DE impunidad y corrupción hablamos, en
esta administración (la cual tanto se ufanan en cuestionar al pasado) están los
casos sin resolver hasta el momento de Rosario Robles, Emilio Lozoya o de
varios exgobernadores.
Y ya no qué decir de la facilidad con que
regresaron tranquilos a sus casas los líderes sindicales Elba Esther Gordillo
(que hasta se dio el lujo de aparecer en una candidatura a diputación
plurinominal el 6 de junio); o el tamaulipeco Carlos Romero Deschamps, quien
hoy “sólo cobra su pensión” a pesar de las múltiples denuncias en su contra por
malversación de cuotas sindicales.
Así como ellos hay decenas de casos que permanecen
empolvados en los archivos de la antigua Procuraduría General de la República
(hoy Fiscalía General), del pasado y del presente, sin haberse ejercido
acciones penales por recomendaciones de “arriba”, es decir provenientes de
políticos o funcionarios en diversos niveles.
Pero por ahí recientemente también han surgido
los nombres de varios sobrinos directos del presidente López Obrador, quienes
cobran sueldos más cuantiosos que él mismo. ¿Eso no es impunidad, no es
corrupción, entonces de qué manera puede calificarse? Ahí han quedado las
palabras del tabasqueño: “por el bien de todos, primero los pobres”
Por ahí surgen los mantos de ocultamiento a los
casos de saqueo de las arcas nacionales y que lograron –o han pretendido- enviar al extranjero para después gozar de
esos recursos malhabidos, y de ello tampoco informó nada la exsecretaria
Sandoval Ballesteros, y mientras el fiscal Alejandro Gertz Manero y sus huestes
siguen investigando para fincar responsabilidades.
¿Acaso tampoco hay impunidad y corrupción en
los casos sin resolver de Ayotzinapa y los miles de desparecidos en muchos
estados de la República?
EN DEFENSA DE MARCELO EBRARD, POR RAMSES ANCIRA
https://www.youtube.com/watch?v=YBdIXa3j_04
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