Matemáticas en la impartición de justicia
Para Contar
Arturo Zárate Vite
Sin entrar a fondo en la argumentación, solo en base a
una operación simple de matemáticas, una suma, el asunto obliga a revisión
exhaustiva de los que están encargados de vigilar que la impartición de
justicia sea conforme a Derecho e imparcial.
Catorce magistrados federales en materia administrativa han
resuelto, por unanimidad, que se le indemnice por tortura.
Juzgado Primero de Procesos Penales y el Quinto Tribunal
lo declararon inocente de las imputaciones que tenía en su contra.
Sin embargo, una magistrada y una secretaria de acuerdos
en funciones de magistrada, del 7o. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito, lo encontraron responsable, a pesar de que no se cumplen circunstancias
de modo, tiempo y lugar y de haber llegado al extremo de considerar como “abuso
sexual” beso en la mejilla.
Se trata de un episodio que va a sentar precedente y que
espera que se haga justicia en su etapa final, porque la verdad, tarde o
temprano, sale a flote y echa abajo mentiras.
En número, en simple suma, hay 16 magistrados que lo ven
como víctima, tanto de tortura como de una infamia.
Tres magistrados de Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito y 11 integrantes de la sala superior del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa han decidido que se debe indemnizar
tanto al torturado como a su familia.
Hay fotografías, testimonios, Protocolo de Estambul (estudio
reconocido internacionalmente para medir dolor físico y psicológico),
Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y
la aceptación de la autoridad responsable de la tortura, la extinta Comisión
Nacional de Seguridad, que todavía en el sexenio anterior dependía de la
Secretaría de Gobernación (Segob).
No hay la más mínima duda de que la tortura existió y por
eso la unanimidad de los magistrados al conocer el caso, para que el Estado
repare el daño moral y físico causado a la víctima.
El numeral 74 de la Recomendación de la CNDH precisa “que
de la información y las constancias recabadas, se advirtió que hubo un exceso
del término de las 72 horas para que las autoridades judiciales resolvieran la
situación jurídica de V1, por lo cual, se dará vista respectiva ante el Consejo
de la Judicatura Federal a fin de que en el ámbito de su competencia, determine
lo procedente”.
O sea, la tortura se cometió en el contexto de la
violación del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que señala la obligatoriedad del cumplimiento de las 72 horas para
que se defina la situación jurídica del acusado.
La historia numérica se complementa con la actuación del
Juzgado Primero de Procesos Penales de la Ciudad de México y del Quinto
Tribunal Unitario. Uno declaró inocente al inculpado y el otro confirmó la
inocencia. Los titulares de estas instancias, de haberse equivocado o
favorecido al acusado, hubieran sido exhibidos y quizás hasta cesados, como ha
sucedido en algunos episodios relacionados con acoso o abuso sexual.
Sin embargo, el episodio no terminó en esta etapa, porque
extrañamente, con juzgadores del 7º.
Tribunal Colegiado, que pareciera fueron sorprendidos, se trastocó el
proceso (179/2019 y 95/2020).
A la luz del compromiso de las autoridades judiciales de
combatir la corrupción, la parte afectada lo único que quiere es que se haga
con lupa una revisión, conforme a Derecho.
Hay 16 juzgadores que lo ven como víctima y solo 2
disienten.
@zarateaz1
arturozarate.com
.jpg)
.JPG)
